La actividad empresarial está sometida a una creciente regulación normativa en ámbitos cada vez más diversos. Esta exigencia regulatoria conlleva no pocas obligaciones y eleva la carga de responsabilidad, tanto para las organizaciones empresariales como para sus directivos. De ahí que las compañías y sus ejecutivos estén expuestas a posibles demandas judiciales por múltiples causas que, además, crecen a un ritmo exponencial.
A esta panoplia de riesgos se ha sumado en los últimos años todo lo relativo a las políticas ESG (Enviromental, Social and Governance). Una materia en la que los gobiernos de la mayoría de los países del mundo están tomando cartas en el asunto de manera decidida, puesto que cuestiones relacionadas con el cambio climático, la igualdad y diversidad en las empresas y las buenas prácticas en la gestión y el gobierno de las compañías han empezado a estar muy presentes en la conciencia de la ciudadanía.
Las empresas ya no pueden ignorar las políticas ESG dentro de su estrategia, puesto que las consecuencias pueden tener efectos devastadores, no solo para la salud del medioambiente, sino también para la propia supervivencia de la compañía, que se arriesga a fuertes sanciones y las demandas tanto de personas como de organizaciones que se consideren perjudicadas por las actuaciones de la empresa.
En pocos años, la situación ha dado un giro importante. Se ha pasado de un ámbito de actuación poco definido, en el que los protocolos y prácticas no se habían concretado, a un escenario en el que las iniciativas regulatorias se han multiplicado, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos. Bajo el término ESG hoy se agrupan riesgos muy diversos que, al ser relativamente nuevos, las empresas pueden caer en la tentación de minusvalorarlos. Pero lo cierto es que una mala gestión de las políticas ESG puede derivar no solo en un importante perjuicio financiero, sino ocasionar también graves daños reputacionales para la empresa. A sensu contrario, las empresas que deciden invertir en este tipo de políticas e intentan de compartir sus beneficios con causas medioambientales, éticas y sociales tienen una mayor visibilidad y aceptación por sus clientes , tanto actuales como posibles.
Todo ello hace que los ejecutivos y directivos de las compañías deban tener cada vez más en cuenta los criterios ESG en la gestión de todos los ámbitos de su organización, ya sea en lo relacionado con la estructura productiva, con la administrativa o con las políticas y prácticas laborales. El panorama, por lo tanto, pone de manifiesto el surgimiento de nuevos riesgos que afectan directamente al seguro de D&O. De hecho, ya se ha registrado un aumento de las reclamaciones y demandas judiciales vinculadas a este tipo de cuestiones.
Principales riesgos asociados a la normativa ESG
A la hora de valorar el riesgo de una empresa y de sus directivos, las aseguradoras tienen ya muy presentes las políticas de cumplimiento de la regulación ESG. Aquellas organizaciones que no hayan instaurado las políticas adecuadas en esta materia o las empresas en las que se detecten evidentes deficiencias en la aplicación de dichos criterios, pueden ver cómo las compañías de seguros las consideran como un riesgo agravado, lo que se traduciría en mayores dificultades para encontrar cobertura y/o en un incremento sustancial del importe de la prima del seguro. De ahí que cobre especial relevancia la implementación de protocolos de buenas prácticas y el desarrollo de estrategias de prevención que conlleven la mitigación de los riesgos.
El aumento de los procesos judiciales causados por incumplimientos en el campo ESG se ha acelerado en los últimos años y todo apunta a que seguirán creciendo en el futuro, porque son muy variadas las situaciones susceptibles de dar pie a una demanda. Estos son algunos de los casos más habituales:
- Procesos judiciales por actuaciones que tengan un efecto sobre el cambio climático, incluyendo prácticas que vayan en detrimento de la transparencia sobre la huella medioambiental que genera la empresa.
- Demandas por realizar el llamado greenwashing, es decir, llevar a cabo campañas o divulgar información no veraz con el fin de aparentar que la empresa opera de manera sostenible.
- Pleitos por la falta de medidas de prevención por parte de los directivos ante un posible percance medioambiental.
- Reclamaciones por falta de diversidad, tanto en la plantilla de empleados como, especialmente, en los órganos directivos.
- Denuncias relacionadas con la transparencia y los criterios de retribución a los directivos, tanto en el salario como en las bonificaciones.
- Litigios causados por no implementar las suficientes medidas de prevención para garantizar la ciberseguridad, puesto que los ciberataques son cada vez más habituales y, con frecuencia, llegan a poner en riesgo la supervivencia de la empresa.
Frente a este tipo de situaciones los seguros de D&O, como el de Berkley España, protegen a los directivos frente a posibles demandas judiciales impulsadas por quien se pueda haber sentido perjudicado por la actividad de la empresa o por las decisiones tomadas por sus altos cargos. El universo de posibles demandantes es amplio y puede incluir a los clientes de la empresa, a los trabajadores, organismos públicos, los proveedores, empresas competidoras e, incluso, la propia entidad y sus accionistas.
Artículo cedido por Berkley
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